martes, 25 de marzo de 2014

EL GLAMOUR DE LA VIOLENCIA

No pensaba hablar sobre ello, de verdad, la cantidad de comentarios que se iban a hacer sobre el asunto, por cualquier con acceso a algo más moderno que el pergamino iba a ser tan abrumadora que el mío no iba a aportar demasiado, sin embargo, ¿qué quieren que les diga? La situación fue tan grave y las reacciones tan absurdas, hipócritas, antidemocráticas, etc. que no me puedo resistir a comentarlo. Lo han adivinado hablo de la violencia tras la manifestación del 22-M.


Vayamos por partes. En primer lugar, aunque por mi anterior post es fácil adivinar que no comparto las motivaciones y los argumentos de los autodenominados dignos, no les discuto su derecho a manifestarse, a hacerse oír, a hacer llegar a los poderes públicos sus opiniones, a ocupar de manera temporal el espacio público y hacer uso de los derechos constitucionales de opinión, reunión y manifestación. Cualquiera, en mi opinión, que quiera limitar el ejercicio pacífico de cualquiera de estos derechos, más allá de su posible colisión con otros derechos constitucionales, no ha entendido cuáles son las bases de la democracia liberal.

Sin embargo, como se puede deducir de la salvedad antes indicada es imprescindible conjugar el ejercicio de distintos derechos que en numerosas ocasiones no pueden ejercerse simultáneamente o sin menoscabo de los derechos de otros, para eso se creó el Estado y se desarrollaron sus tres poderes básicos, ejecutivo, legislativo y judicial.

Estado en que quedó el casco de un policía nacional tras recibir un golpe con un adoquín
Pero ¿qué pasa si el ejercicio de cualquier derecho se lleva a cabo, no sólo menoscabando los derechos ajenos, sino, directamente, de forma violenta? En ese caso sólo hay una opción aceptable dentro de un Estado. Los cuerpos y fuerzas de seguridad deben impedir que esos ciudadanos lleven a cabo sus intenciones y, posteriormente, ponerlos a disposición de la justicia, que determinará si han cometido un delito (o lo ha hecho la policía, ojo, que todo puede ser).

¿Y cómo puede la policía evitar que un ciudadano o un grupo impidan a los demás mediante la violencia el ejercicio de sus propios derechos? Lo ideal es recurrir a la previsión, y la contención, pero si no es posible deberán recurrir a la violencia.

Posiblemente se preguntarán por qué es inaceptable la violencia de unos y aceptable la de otros, la respuesta es muy sencilla (y requiere reflexionar sobre ella), la diferencia estriba en la legitimidad. Recordemos la definición clásica del Estado que dio Max Weber, hace un siglo: “Un Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un territorio, reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima” (Un Estado que no tiene el monopolio de la violencia dentro de su territorio es un estado fallido, hablaremos sobre ellos otro día, digamos sólo que no es agradable)

Max Weber, sociólogo y politólogo.
¿Y qué determina la legitimidad de un Estado? El origen de su poder y sus instituciones (si es democrático o no) y el ejercicio que haga del mismo (si respeta a las minorías, su poder está limitado, existe un Estado de Derecho, etc.) Nos guste o no quién ejerce actualmente cada una de las magistraturas del Estado es evidente que tienen tanto legitimidad de origen como de ejercicio. Por lo tanto, en esta situación cualquier otra actitud violenta debe ser impedida y perseguida por el estado.

Esto explica por qué la policía debe cargar contra un grupo de energúmenos que arrojan adoquines o destrozan el mobiliario urbano, para eso están. ¿Significa eso que la manifestación en la que se inscribieron esos actos, y los grupos que la convocaron, son intrínsecamente violentos? No, en absoluto. Sin embargo es cierto que tienen una responsabilidad, si yo organizo un acto que de forma sorpresiva acaba en violencia, no soy responsable pero lo menos que puedo hacer es pedir perdón y condenar los hechos. Si la violencia era esperable, entonces si es posible que haya responsabilidad, ya que, al menos, deberían haber tomado medidas para impedirla.

Una de las armas incautadas el 22M
Y es ahí donde toda la estructura lógica del 22-M se derrumba, ninguno de los convocantes (que yo sepa, aunque estoy deseando rectificar, palabra) ha condenado los actos violentos, al contrario han atacado a la policía (con el agravante de que en este caso, los policías fueron atacados con una violencia y una saña desconocidas). Aún peor, los partidos de izquierda y los sindicatos, embarcados en su perpetua deriva populista, tampoco han condenado los actos violentos (aquíaquí, aquí, o aquí).

En este caso, y mientras no cambien de actitud, los grupos y especialmente los partidos y sindicatos que no condenan la violencia ilegítima, y antidemocrática, de los manifestantes, están promoviéndola, y por lo tanto serán responsables de lo que pueda ocurrir en el futuro. La violencia de los grupos minoritarios, es la muerte de la libertad, de la democracia y de la política. Ellos sabrán. 

Sobre la hipocresía de algunos, hablaremos otro día.




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