EL (MAL) USO DEL INDULTO

Antiguamente había en nuestro país un ministerio de Gracia y Justicia. ¿Gracia? Se preguntarán, ¿que raro no? Pues sí, porque seguramente eran todos unos siesos, entonces ¿por qué Gracia? Pues porque, derivado de la tradición monárquica, una de las funciones fundamentales del ministro era la gestión de los indultos. Sin embargo, con el paso de los años, y a medida que se iba estabilizando la administración (y Administración) de justicia, que se configuraba, en suma, un poder judicial independiente (no se rían), la parte de la Gracia fue perdiendo importancia.

Palacio de la Marquesa de la Sonora (Madrid) Sede del Ministerio de Justicia

Es lógico, un indulto, una gracia, es en principio un privilegio, es decir, una injusticia. La idoneidad de su concesión, o sus límites, no se rige por ningún código establecido, por lo que no es posible ni predecirlo ni controlarlo. Es una potestad exclusiva del gobierno y ningún tribunal puede instarlo, o enmendarlo, dependes de la buena voluntad del ministro de turno. Vamos, es campo abonado para la corrupción (no necesariamente económica).

En España los casos de indultos han sido numerosos desde que al ministerio se le cayó la gracia, lo fueron durante la II República, durante la dictadura y, sí, también durante la democracia. Muchos indultos estuvieron perfectamente justificados, otros muchos fueron contestados, pero, más o menos, la institución del indulto fue superando las, numerosas, crisis (fundamentalmente por el indulto de políticos corruptos).

Sin embargo, llegó el gobierno de Mariano Rajoy, y en esto, como en casi todo lo demás, se han tomado como un desafío el meter la pata, vamos, cagarla más que las palomas.

Alberto Ruiz-Gallardón es, probablemente, el peor ministro de justicia de nuestra democracia, lo cual, teniendo en cuenta su formación jurídica (es fiscal) y el desempeño de alguno de sus predecesores (prefiero no señalar) es un logro para nada desdeñable. Partiendo de la incapacidad hemos alcanzado las más altas cotas de la incompetencia. Un papelón.

Alberto Ruiz-Gallardón, actual Ministro de Justicia (sin Gracia)

Podríamos hablar de las tasas judiciales, o de la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que terminó de enterrar a Montesquieu y la separación de poderes, sólo por eso ya merecería que le hiciesen vudú, pero hoy vamos a hablar de otro aspecto en el que ministro ha demostrado afán de superación. Los indultos.

Resumiendo, ha indultado a:

• Un conductor Kamikaze que mató a una persona (defendido por el despacho de abogados en el que trabaja el hijo del ministro)
• A cinco mossos d'esquadra condenados por tortura (a cuatro de ellos les había reducido la pena a dos años, que normalmente no se cumplen, el tribunal los mandó a prisión por la alarma social generada y el gobierno les concedió un segundo indulto para librarlos de la cárcel)
• A un alcalde del PP condenado por prevaricación
• A dos oficiales del ejército condenados por el caso del YAK-42
• A un ex-alto cargo de Unió Democrática de Catalunya (la mitad de CiU) y un empresario, condenados por malversación de fondos públicos y prevaricación.
• A un empresario condenado por falsedad documental y estafa y que había sido condenado con anterioridad como cerebro de una red para defraudar el IVA (si, fraude fiscal, hay que joderse)
• A otro conductor que triplicó el limite de velocidad (de 40 a 120 km/h) y mató a tres personas.*

Y así hasta 501 casos. Ninguno de los indultos mencionados estuvo justificado, ninguno de estos indultos mejoró en nada la acción de la justicia, ninguno era, en suma, justo.

La ley sobre indultos es de 1870, de la época en que España, que había expulsado a los Borbones, y buscaba un Rey, de antes del Estado de Derecho, antes de la Democracia. Creo que ha llegado el momento de reformarlo. De establecer condiciones y límites. Por ejemplo, la exigencia de reinserción, arrepentimiento y/o compensación del daño. La prohibición de indultos en casos de corrupción, o torturas, etc.

Eugenio Montero Ríos, Ministro de Gracia y Justicia en 1870

El indulto puede ser una necesidad del sistema. Puesto que la Justicia ha de ser ciega, hay ocasiones en las que debe tomar decisiones injustas, como mandar a la cárcel a un condenado por un delito menor cometido hace años y que ya está rehabilitado. Pero el uso indiscriminado que hace este gobierno (y en buena medida los anteriores), motivado por la propia opacidad del proceso, supone una afrenta al principio de igualdad ante la ley, y por lo tanto es incompatible con un Estado Democrático de Derecho. Urge por tanto una reforma en profundidad. No es probable que se lleve a cabo.

* Este indulto ha sido anulado por el Supremo, hoy mismo, por un defecto de forma (faltaba un informe preceptivo). En realidad no hay forma de controlar la concesión de un indulto, puesto que es una potestad exclusiva (y soberana) del gobierno. Ni siquiera es preciso que alguno de los informes que deben pedirse sea positivo. Puede concederse con todos los informes en contra, y denegarse con todos a favor.